El tema fue bajando de intensidad hasta que en una mesa con el Poder Judicial y las organizaciones sociales y sindicales se trabajó en un protocolo. Sin embargo, en estas últimas semanas hubo varios hechos que el Gobierno de Martín Llaryora puso atención, aquel proyecto pasado no llegó a ver la luz.

La intención de avanzar con una ley antipiquetes es clara según el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros: “Necesitamos un marco legal para actuar porque el fallo de la Cámara de Acusación tumbó el protocolo. Sabemos que hay varias inquietudes ya en la Legislatura. Y esperamos que se abra un debate profundo y surja una legislación consensuada”, confió un hombre de extrema confianza del gobernador.

También se confirmó que “por ahora” el Ejecutivo no ingresará un proyecto, pero se aclaró que ya hay propuestas presentadas en la Unicameral que podrían discutirse. Se trataría de reabrir el debate que se dio en 2023 y pedir señales por parte de la Justicia.