Panorama Político Cordobés
Observación

La violencia institucional, un mal no reglamentado que vulnera derechos y castiga a sus víctimas

Córdoba estuvo en la vanguardia al legislar sobre la violencia familiar antes que nadie y luego sumar la violencia de género, pero en la práctica está muy lejos de lograrlo. (Dibujo: NOVA)

Por Ana G. Nemer Pelliza, especial para NOVA.

Córdoba estuvo en la vanguardia al legislar sobre la violencia familiar antes que nadie y luego sumar la violencia de género adhiriendo a la normativa nacional para ampliar la protección de los más vulnerables en sus distintas relaciones. Esto es en teoría, pero en la práctica está muy lejos de lograrlo ya que hay una rama de la violencia que no está reglamentada y es la violencia institucional.

En ella encontramos 3 factores que se conjugan, por un lado, una persona vulnerada en sus derechos personales e integridad sexual, por otro un funcionario público en ejercicio de sus funciones y por último el daño que produce tanto una acción u omisión del mismo. La jerarquía de un cargo conlleva obligaciones y una de ellas es la de velar que la ley sea cumplida y los funcionarios que toman conocimiento de hechos violentos deben actuar en consecuencia.

Son numerosos los reclamos de mujeres reclamando acciones concretas dentro de las instituciones ante hechos de violencia institucional que hoy no son escuchadas por falta de aplicación y reglamentación de la normativa vigente.

La lectura reiterada de agentes de policía, mujeres que son abusadas por su superior, que al denunciar entran en un laberinto de protocolos internos que hacen que la víctima sufra una y otra vez, luchando contra un sistema perverso que protege al victimario. Esto no es solo del área de las fuerzas de seguridad, las docentes que sufrieron violencia institucional de directivos en sus instituciones son las que en definitiva padecen las consecuencias ya que son ellas las trasladadas o dejadas cesantes por haber denunciado una situación por demás injustas.

Estamos muy lejos todavía de la igualdad que pregona nuestra Constitución Nacional y las leyes que resguardan nuestros derechos, hoy en la práctica la víctima es re victimizada una y otra vez por un Estado ausente, una justicia lenta, por el encubrimiento de sus pares y procedimientos internos engorroso que, en muchos casos, frustran una y otra vez el anhelo de hacer justicia.

A nivel local los casos de denuncias dentro de las instituciones públicas son noticias cayendo en el olvido y solo continuadas en silencio por sus víctimas que continúan sufriendo las consecuencias del vacío que produce esta situación.

En el caso de un ex Jefe de Policía del interior de Córdoba, luego de 5 años recién ahora va a juicio, habiendo padecido la víctima un clavario constante por su reclamo. Muchas mujeres no se animan a denunciar atento a que son ellas las que sufren diferentes consecuencias, como amenazas, traslados y quedar sin trabajo, como en el caso de la que denunciara al jefe de Policía y al mes siguiente fuera pasada a retiro y con Jubilación mínima y el imputado aún está libre.

En pleno 2021 en el que los Derechos Humanos de igualdad y respeto tienen jerarquía Constitucional, el Estado debe ser un ejemplo y marcarlo como bandera principal de su accionar, evitando favoritismos y encubrimientos. Hoy existen innumerables mujeres de la fuerza de seguridad, docentes y de diferentes sectores públicos que deben callar ante ultrajes y malos tratos ya que saben que en definitiva son ellas las que sufrirán la consecuencia de un Estado indiferente.

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Marcelo Berrotaran   - marcelo1963@hotmail.com.ar
Seria fantastico saber que es
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