Consiste en una recomposición salarial gradual, a desplegarse en cuatro tramos hasta el 2028 con sumas no remunerativas que, al cabo de un año, se incorporan al salario.

La moción se sometió a votación. Fue aprobada por 567 votos pertenecientes a la conducción de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEpJ) y la agrupación opositora Alternativa 16N, que encabeza Irina Santiesteban.

El gobernador solucionó uno de los conflictos gremiales más laboriosos de los últimos años.

El ofrecimiento, que había sido adelantado al cierre de la semana pasada, se hizo formal en la audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco de la conciliación voluntaria a la que había convocado a las partes en pugna: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEpJ).

Martin Llaryora dió un paso adelante por los derechos laborales mientras desde el poder libertario se encargan de pisotearlos. El conflicto comenzó a destrabarse ya en abril cuando se había autorizado una partida extra de casi 600 millones de pesos para afrontar una reestructuración del escalafón del personal de planta, con impacto en todas las categorías.

Esta reestructuración, que redujo la cantidad de categorías de nueve a seis, había sido solicitada por la AGEpJ con una doble finalidad.

Algunos analistas toman la concesión de Martín Llaryora, que ya cuenta con Jessica Valentini como ficha propia en el tablero judicial, como una prueba de “fidelidad a la causa”. “No es un cheque en blanco. Es una concesión que requiere comprensión de lo que está en juego”, opinan.

Aunque fue fundamental para destrabar el conflicto del presidente del tribunal superior de justicia provincial Luis Angulo, aliado de Juan Schiaretti, el número uno de la política cordobesa sigue abriendo su propio camino sin perder la fidelidad y la espalda necesaria que le brinda su antecesor. Astucia constante en el tablero político a corto y largo plazo.

Volviendo al conflicto solucionado el comunicado de la Agepj informó que en la oferta del TSJ están incluidos todos los agrupamientos de la planta. El 29 (obrero y maestranza), 28 (personal administrativo/jurisdiccional) y 27 (personal superior).

También indica que el acuerdo aprobado “otorga los siguientes porcentajes de incremento por categorías (en el ejemplo agrupamiento 28, son los mismos porcentajes para el agrupamiento 29 y muy similares para el 27)”.

Es importante aclarar que el acuerdo incluye el compromiso del TSJ de no descontar los 11 días de paro.

Al respecto el secretario general, Federico Corteletti destacó que "por primera vez se reconoce un sistema de equiparación estructural para todas las categorías”.

Lo también cierto es que Martin Llaryora seguramente podría haberse quedado en un lugar cómodo y no intervenir en un conflicto que no era responsabilidad del poder ejecutivo político y exigir al poder judicial que se encargue de solucionarlo pero por astucia política y empatía social fue un puente que solucionó un gran conflicto que habría un frente nuevo de lucha para quienes buscan debilitarlo.

Otra será la historia que sí desvela a un aliado político fundamental y lo toca mucho más de cerca como el conflicto de los empleados municipales con Daniel Passerini.

Un frente más caliente y difícil de solucionar en el que seguramente tenderá una mano al intendente capitalino porque las amenazas de Rubén Daniele saltan los límites municipales y se meten de lleno en todo el territorio provincial. Una gran prueba para el futuro a corto plazo.