La lectura coincidente es que, con la jefa detenida, urge armar una oferta electoral unificada que salga a defender la banca que se pone en juego en la Cámara de Diputados, que es la que actualmente tiene el docente universitario Pablo Carro.

“La situación ordena y reorganiza”, afirmaron, en una ecuación donde los partidarios no incluyen al espacio de Sergio Massa, y el Frente Renovador no contempla jugar con los K. Los separa nada menos que la relación y la posición sobre el gobernador Martín Llaryora, con quien los renovadores buscan un acercamiento y los cristinistas ser oposición.

En un duro comunicado difundido esta semana, el intendente de Cruz Alta, Agustín González, uno de los referentes de Sergio Massa en Córdoba junto a la ex legisladora Tania Kyshakevych, acusó a “algunos sectores del kirchnerismo” de actuar “de un modo que recuerda más a los partidos testimoniales de izquierda que a una verdadera fuerza transformadora”.

Tras señalarlos como amigos de la “charla de café” sin “vocación de poder”, el intendente dijo que los K “se presentan como defensores del proyecto nacional y popular, pero en los hechos son una minoría encerrada en disputas internas, más preocupados por repartirse cargos entre ellos que por construir un proyecto propositivo”. Fuego cruzado e interna que arde.

Con este panorama electoral legislativo flotando cada vez más con la incógnita de saber hacia dónde explotará esta situación y la reestructuración de cada estrategia partidaria que busque competir, el gobernador con las estadísticas en la mano y sabiendo que su real amenaza es de color violeta se guardó el silencio, aunque desde el poder legislativo le pidieron expresarse públicamente.

Pablo Carro busca repetir el mandato en la cámara baja por tercera vez no consecutiva y para eso tendría el apoyo no solo de gran parte de los partidos políticos de lo que fue el Frente de Todos sino, lo más gravitante, de La Cámpora, la organización que reporta directamente a Cristina Fernández de Kirchner y que conduce su hijo Máximo Kirchner a nivel nacional y la diputada Gabriela Estévez a nivel Córdoba. No es el único candidato.

Constanza San Pedro, cuyo referente nacional es el dirigente Juan Grabois, líder de Patria Grande y Argentina Humana, el sello con el que jugará en la provincia de Buenos Aires si no le dan un lugar en las listas del PJ, podría ganarse un lugar.

Con el panorama actual todavía esperando claridad y el progreso de lo que suceda judicialmente con la ex presidenta, hay un candidato más en el casi extinto partido kirchnerista.

Se trata del legislador Federico Alesandri, dirigente del PJ cordobés enfrentado al oficialismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quiere ser el candidato con el argumento de la propia Cristina Fernández de Kirchner de la necesidad de peronizar y pejotizar la oferta.

Y aunque parece estar lejos, fue el que más rápido actuó ante el sacudón político en suelo mediterráneo.

El legislador fue el único peronista cordobés que presentó un proyecto en la Unicameral para repudiar el fallo de la Corte en la causa Vialidad, con un texto donde pidió que el cuerpo expresara “su repudio, rechazo y profunda preocupación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una clara maniobra de persecución que busca extinguir el peronismo y sabotear la democracia y el derecho público".

Pero lo cierto es que las riendas del poder en Córdoba están manejadas por otros actores y, por lo tanto, el foco político se mantiene en otra órbita, aunque no pueda evitar el cimbronazo por la magnitud de la figura política en cuestión, positiva o negativamente influye.

La reconfiguración obligada del peronismo y la nueva era que se abre marcan un cambio de época que genera expectativa. De hecho, hubo reacciones de todo tipo. De derecha a izquierda, celebrando o condenando la resolución judicial, todo el arco político del país se expresó y pronunció de algún modo ante lo acontecido. Todos, excepto el peronismo cordobés.

Juan Schiaretti, al igual que la actual máxima autoridad provincial, decidieron no expresarse y el silencio habla.

Tampoco lo hizo el intendente de la Capital, Daniel Passerini, quien suele despegarse de esa línea en ocasiones. De igual modo, no hubo pronunciamientos de funcionarios, legisladores y referentes de la primera línea del llaryorismo ni schiarettismo. La diputada Natalia de la Sota se expresó y fue para criticar la judicialización de la política y la politización de la justicia.

El jefe del bloque de oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, salió a responderle a los opositores provinciales que sacudieron al cordobesismo pidiendo postura sobre la condena a CFK.

"El gobernador Martín Llaryora y en nuestro espacio político no necesitamos aclarar nuestra postura frente a temas judiciales, porque estamos en la misma posición en la que estuvimos siempre: somos institucionalistas, los fallos judiciales se acatan o se apelan si hay instancias para hacerlo. Respetamos todas las opiniones, pero como gobierno no nos corresponde opinar”, dijo abiertamente.

Luego dijo que a los que les piden que tomen posición pueden quedarse tranquilos de que ya tomaron una fuerte posición, refiriéndose al senador Luis Juez y al diputado Rodrigo de Loredo.

El diputado y referente del oficialismo tampoco se olvidó de reprocharles a los más fuertes opositores con llegada a Nación y presencia en la provincia la inacción ante la defensa de los derechos de los jubilados y el desfinanciamiento de la universidad.

Y cerró: “Son los mismos que no hacen nada para que la presidencia le dé a Córdoba lo que le corresponde en materia de subsidios y que sí le da al AMBA”.

Voceros que dejan entrever expresiones tras bambalinas afirman que es una decisión orgánica de Hacemos por Córdoba de no opinar, al menos por ahora. Desde hace años, el peronismo cordobés hace gala de su independencia respecto al justicialismo nacional, sobre todo desde que el PJ “fue colonizado por el kirchnerismo”, según palabras del propio Juan Schiaretti.

Es por eso que el oficialismo cordobés no se hace cargo de lo que sucedió con la dos veces presidenta de la Nación y no siente ninguna obligación en tener que salir a decir algo públicamente. Le esquiva al asunto sin remordimientos. Independencia y fortaleza.

El panorama se dificulta para una pequeña parte de la oposición en territorio provincial y la decisión también deja ver que prefieren no quemarse cuando ya la situación de manera automática les ayuda.

Realmente es todo un logro poder darse el lujo de no sentir la más mínima obligación para expresarse cuando el hecho político de por sí lleva al laboratorio público a la mayoría de los líderes políticos del país con aspiraciones electorales.

Por su lado, siguiendo con su agenda de armado nacional, Juan Schiaretti estuvo durante la semana en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en CABA, donde se reunió con el Consejo Directivo de la entidad que preside Gustavo Weiss. En la charla, a la que fue acompañado por el diputado Carlos Gutiérrez, el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei, y el ministro hoy asesor del Gobierno, Hugo Testa.

Allí, el tres veces gobernador de Córdoba defendió la obra pública, criticó al gobierno nacional, pero no hizo ninguna referencia al tema que hoy ocupa la agenda central del país.

Demostrando con claridad que el enemigo de hoy es el poder libertario, al igual que Martín Llaryora, el ex candidato a presidente expresó: "La obra pública está, en primer lugar, para que nuestra gente viva mejor, para garantizar el progreso y apoyar a la producción y creación de riqueza; ese es el sentido de la obra pública”.

Juan Schiaretti fue categórico al cuestionar el ajuste fiscal hecho a los hachazos como único camino posible. Subrayó la necesidad de diagnósticos rigurosos y de políticas públicas coherentes que aseguren el equilibrio fiscal sin sacrificar la obra pública y cerró: “como digo siempre: tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible".